El letrado, Antonio José García Cabrera, pide al juez en un escrito una aclaración en este sentido de la providencia que dictó el pasado 17 de junio para acordar el traslado de la comisión judicial a prisión en atención a los problemas de salud que padece Villarejo y que complican su conducción a la Audiencia Nacional. En esa resolución, García Castellón señalaba que los letrados podrán participar en esa comparecencia a través del sistema de videocoferencia que se habilitará ese día en la Audiencia Nacional. García Cabrera entiende que esa limitación al resto de letrados no debe afectarle a él ya que considera que, además del juez y los fiscales, el abogado del investigado también debe asistir presencialmente a la comparecencia en aras del derecho de defensa. Por ello, el letrado ha pedido al juez en un escrito que le aclare si “podrá comparecer, presencialmente y en inmediación junto a la acusación pública y el magistrado Juez Instructor, en la diligencia de toma de declaración” a fin de “poder ejercitar en plenitud el derecho de defensa con todas las garantías”. En esa providencia de la que ahora el abogado pide aclaración, el juez precisaba que la sala de declaraciones del centro penitenciario de Estremera es pequeña y planteaba a “los abogados personados en la causa” seguir el interrogatorio por videoconferencia desde la sede de la Audiencia Nacional. En esa misma resolución, García Castellón fijó nuevas fechas a la toma de declaraciones en el marco de la pieza Pit, sobre el encargo del naviero Ángel Pérez Maura para evitar su extradición a Guatemala, y que habían sido pospuestas hace dos semanas tras pedir las defensas más tiempo para intruirse tras haberse levantado recientemente el secreto de la causa. Además de a Villarejo, el juez ha citado a partir del 8 de julio a su hijo; a su principal socio, el abogado Rafael Redondo; y al exembajador de Guatemala en Estados Unidos Julio Ligorría, entre otros imputados. 

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