Según fuentes conocedoras de los trabajos, operarios contratados por la Administración central han empezado a realizar estas labores, ya que el Estado es el titular del panteón donde se encuentra enterrada la mujer del dictador, Carmen Polo. El pasado 11 de mayo, el Estado pasó a ser propietario de la cripta del cementerio municipal de El Pardo donde el Gobierno prevé enterrar a Franco tras su exhumación del Valle de los Caídos el 10 de junio, tras la publicación del decreto que desvincula la concesión de su titular previo, Patrimonio Nacional. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real decreto que dispone la nueva titularidad de la concesión de la unidad de enterramiento, aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo. El real decreto expone que el cambio de titularidad se aprobó después de que en marzo el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional acordara elevar al Gobierno la propuesta para cambiar el titular de la concesión de la cripta de ese camposanto. Por ello, Patrimonio Nacional no tiene personal desplazado en el cementerio de Mingorrubio y no ha intervenido ni en las actuaciones que se están llevando a cabo ni en el proceso de contratación. Las instalaciones están gestionadas por el Ayuntamiento de Madrid y se encuentra a cincuenta kilómetros del Valle de los Caídos. En este emplazamiento, uno de los más pequeños de los 22 que hay en Madrid, se encuentran enterradas personas cercanas a la dictadura, como Carlos Arias Navarro o Luis Carrero Blanco, aunque también las hay de ideología muy distinta. No obstante, la familia Franco considera que la cripta de la catedral de la Almudena es el lugar más seguro e idóneo para enterrar los restos del dictador, con un “nivel de riesgos sensiblemente inferior” al del cementerio de Mingorrubio-El Pardo, según un informe elaborado por expertos en seguridad. En un comunicado de prensa remitido este miércoles a Efe, la Fundación Franco explicaba los argumentos del recurso que ha presentado la familia en el Tribunal Supremo contra los acuerdos del Consejo de Ministros por los que el Gobierno aprobó la exhumación de Franco. 

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