Marruecos aceptó readmitirlos y la Policía Nacional realizó todos los trámites habituales para expulsarlos, según el Ministerio del Interior. Este procedimiento se ha llevado a cabo de forma individual, inmigrante por inmigrante, con asistencia letrada y sanitaria. Estas 116 personas han regresado a Marruecos en grupos de diez personas, en virtud del acuerdo firmado con el reino alauita en 1992.  El nuevo salto a la valla se produjo en la mañana del pasado miércoles alrededor de las 9, cuando los inmigrantes lograron acceder por la zona de Finca Berrocal, el mismo lugar por donde lograron acceder con gran violencia y a la carrera 602 inmigrantes a finales de julio. Siete agentes resultaron heridos durante el asalto, en el que la violencia empleada por los inmigrantes rescató las peticiones de las asociaciones de guardias civiles de que se refuerce la protección de los agentes que trabajan en ese perímetro fronterizo entre Ceuta y Marruecos. La reacción de las ONG,s Amnistía Internacional ha exigido al Gobierno español que paralice estas expulsiones exprés. Considera que pueden suponer “una violación de derechos humanos de las personas migrantes y posibles solicitantes de asilo”. El director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, ha señalado que debido a la celeridad con la que se ha llevado a cabo la devolución “difícilmente” se les ha podido garantizar a las personas migrantes el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías. Y, por tanto, tampoco han podido contar con una asistencia letrada y de intérprete de calidad, así como con una identificación adecuada de potenciales solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados o miembros de colectivos con necesidades específicas como las personas LGBTI. Amnistía se ha sumado a la denuncia hecha por el Defensor del Pueblo en la que recordaba que es necesario que los procedimientos se lleven a cabo con las debidas garantías para evitar “comportamientos de la Administración inmunes al control judicial”. La cooperación entre España y Marruecos en materia de control fronterizo y migratorio “plantea serias preocupaciones a raíz de reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes contra personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”, ha asegurado Amnistía. Además, ha considerado que en virtud del Acuerdo por el que se han efectuado las expulsiones, estas personas deberán ser enviadas a su estado de origen o al estado donde comenzaran su viaje, en caso de no tener derecho a permanecer en territorio marroquí. Esta práctica, ha asegurado Beltrán, conlleva el riesgo de que estas personas, por tanto, “sean expulsadas de manera ilegal, vulnerándose así el principio de no devolución” previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Ley de Extranjería, “por el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos en Marruecos, países de origen, o en los países donde hubieran comenzado su viaje”. Con este nuevo grupo, el número de personas que han entrado a España por vía terrestre a través del puesto fronterizo de Ceuta asciende a 1.400, si bien la cifra es inferior a los 1.623 que se contabilizaron en 2017 por estas mismas fechas. El Ministerio del Interior reforzó la plantilla de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta con una veintena de nuevos agentes, tras la entrada masiva de julio, cinco vehículos de apoyo y un helicóptero con visión nocturna y base permanente en Ceuta, un dispositivo que se dijo será ampliado de manera progresiva. 

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