Trece días antes de que el BPA concediera un crédito por un millón de euros al ‘capo’ ruso Petrov, el departamento de cumplimiento normativo – el órgano de supervisión de los gestores– informó vía email al departamento de riesgo crediticio de una serie de irregularidades de las empresas de Petrov, según un documento al que ha tenido acceso Estrella Digital. En el expediente en el que se aprueban este préstamo no consta la oposición de los servicios financieros del banco reflejada en dicho correo interno. Así, en el citado correo, el departamento de de cumplimiento informaba de que Petrov no había enviado la documentación requerida sobre “la estructura de la propiedad o el control de la sociedad” puesto que “solo justifica la estructura de la propiedad en fecha de la constitución, en el año 2004, cuando el capital social era de 3.060 euros, cuando actualmente es de un millón”. En este sentido, los técnicos de cumplimiento pedían saber quién estaba detrás de Development Diagnostic Company, la empresa que pide el préstamo, y que se envíasdocumentos que acreditasen fehacientemente la identificación de las personas físicas de dicha propiedad. No solo eso. En el mismo email, se aseguraba que en la solicitud de préstamo hay errores en la identificación de alta del cliente, tales como “errores en rellenar los campos básicos de los datos de actividad del cliente” o que el NIE que se aporta está borroso. Curiosamente, lo achacan a “la rapidez de la operación”. Otro punto significativo –continúan– está relacionado con la financiación de la empresa. “Según se nos ha informado verbalmente, dentro de las deudas a largo plazo de 19 millones, una parte corresponde a un préstamo de los socios a tipo cero. Como este préstamo es fundamental para la empresa necesitaríamos información sobre cómo se produjo este préstamo y si se produjo por algún sujeto obligado por nuestra normativa que controla el origen de dichos fondos”, denuncian. Este tipo de operaciones han sido las que han llevado a que Rosselló, director adjunto de control, sea acusado de actuar como gestor del antiguo general ruso que lideraba el grupo criminal desmantelado por la Guardia Civil en enero de 2013 en la operación Clotilde, el mafioso Viktor Kainikine. “Santiago Rosselló ofreció servicios financieros diseñados específicamente por la organización [criminal], siguió directamente la instrucciones de Petrov [lugarteniente en España de Kainikine] en cuanto a los movimientos entre cuentas, medió en la concesión de un préstamo por parte de Banco Madrid y trató con Kainikine cómo traspasar sus bienes a sus hijos”, condensa el auto de la jueza. La jueza asegura que estas prácticas estaban tan “institucionalizadas” en BPA que los directivos incluso disponían de formularios para anotar el flujo de fondos opaco. “El departamento de cumplimiento normativo era el órgano de supervisión de los gestores”, pero, “a pesar de que era consciente del riesgo” que entrañaban esas operaciones, no solo no acabó con ellas, sino que las validó creando un procedimiento para registrarlas. Por su parte, Andrei Petrov ha aceptado ser condenado a un año y 7 meses de cárcel por blanqueo, en un pacto con la Fiscalía Anticorrupción que le ha evitado sentarse en el banquillo.  Finalmente, solo será formalmente juzgado el Santiago Roselló, “quien era un alto cargo” en esa entidad “y se ocupaba personalmente de la gestión y control de las cuentas bancarias de la organización investigada, tanto de las personas físicas como jurídicas”. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Roselló, al que le pide también una multa de 300.000 euros, llegó a tener “un fuerte vínculo personal y profesional” con Petrov, quien “construyó una red de relaciones personales” que le permitió introducirse en el Ayuntamiento de Lloret.

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