Las medidas acordadas afectan a los miembros de las carreras judicial y fiscal y tanto a los juzgados especializados en violencia de género como a los jueces de familia y de menores. Así, se aumentará la capacitación judicial en “Derecho antidiscriminatorio, incluyendo la perspectiva de género y la transversalidad” en las oposiciones a judicatura, Escuela Judicial y formación continua anual impartida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pasando a ser una materia obligatoria y evaluable. Además, se obliga a una reforma legal para introducir pruebas específicas en violencia machista como requisito para concursar a órganos judiciales especializados. El Pacto de Estado también acuerda reforzar la especialización de los Juzgados de lo Penal, bien de manera exclusiva, cuando el volumen de trabajo lo justifique, bien de manera compatible con otras materias. Esta medida, según el dictamen, contribuye a optimizar la respuesta institucional pues se une a los recursos personales especializados de otras instituciones como Fiscalía, Abogacía, Instituto de Medicina Legal y Unidades integrales de Valoración Forense. También se modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial en cuanto a que el Consejo encomendará al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de los datos provenientes de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como de aquellos asuntos relacionados con esta materia en juzgados no específicos. Anualmente, se elaborará un informe con datos sobre violencia de género y sexual que será publicado y remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado y se incluirá en la Memoria Anual del CGPJ. 

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