El pleno del Constitucional ha tomado esta decisión por unanimidad ante el recurso de Forcadell contra el auto del 17 de mayo de 2018 de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que confirmó la decisión del magistrado instructor de la causa del “procés”, Pablo Llarena. La expresidenta del Parlament recurrió al estimar que las resoluciones judiciales impugnadas vulneran su derecho al juez imparcial, el derecho a la libertad, a la defensa, a un proceso con todas las garantías y al derecho a la doble instancia penal.

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