La defensa de Villarejo se desmorona por momentos. Su estrategia, y la de otros policías imputados en Tándem, ha sido siempre la misma: asegurar que todo su trabajo se hizo enmarcado dentro de misiones oficiales y que, en todo caso, contaban con el beneplácito de los directores adjuntos operativos.  En este sentido, el anterior letrado del excomisario pidió a la cúpula policial de los últimos 35 años que saliera en defensa de Villarejo. Dicho y hecho. Tres de los últimos cinco jefes de Policía –los otros dos han fallecido– firmaron un acta en la que sostienen que “las actividades empresariales eran conocidas por los mandos policiales competentes”. No solo eso. Todos insistían en que Villarejo ayudó en numerosas ocasiones con sus empresas a la Policía y que no recibió ninguna retribución económica por ello. Más todavía “sirvió de cobertura para las labores de investigación e información que venía realizando para este cuerpo policial”. “Las empresas del Sr. Villarejo Pérez nunca recibieron emolumento o cantidad alguna por parte de la Dirección General, sino más bien al contrario, sirvieron a los intereses de la Policía sin percibir contraprestación por ello», manifestó Díaz-Pintado, argumento avalado por sus otros compañeros El propio Villarejo insistió en esta línea de defensa y declaró ante el juez todos los secretarios de Estado de Interior y directores adjuntos operativos (DAOs) de la Policía Nacional desde 1993 conocían y aprobaban sus actividades. Para ello, el policía recordó que dispone de una carta de enero de 1995, en la que exponía su condición de “liberado” por la que se dedicaba “a actividades privadas y sin obligación de concurrir a dependencias oficiales en horario normal, con autorización expresa del Sub. General Operativo (Agustín Linares) y del Comisario General de Información (Jesús Martínez)”. Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado Moraleda y Eugenio Pino aceptaron tal papel sin conocer el uso que el comisario iba a darle: simular que conocían todo lo que Villarejo hacía, lo cual era incierto. “Saber que Villarejo tenía empresas, no significa saber qué hacía con ellas”. En eso fueron contundentes todos al despotricar en privado contra tal uso de sus cartas donde exponían que era conocido y tolerado que Villarejo tenía actividad empresarial propia. Quizá el juez le hizo un favor no citando a los daos: habrían matizado tanto tal escrito que se le habría vuelto en contra. Eso no les impide reconocer que Villarejo sí hizo labores policiales encomiables, dentro y fuera de la policía. Pero esas dignas investigaciones nada tienen que ver el capítulo de extorsiones que narran los fiscales, para los que nunca hubo aval de sus mandos, según destacan en privado. Por ello mostraron una gran contrariedad, hasta el punto de sentirse manipulados o engañados, cuando vieron que con ello se pretendía plantear que avalaban sus actividades irregulares, rayanas en la extorsión según la fiscalía. Pero lo cierto es que tal estrategia no ha ayudado nada al comisario. En un escrito presentado el pasado agosto, la defensa del excomisario insistía en esta línea para pedir su libertad.  Las tres declaraciones fueron aportadas al juzgado en enero y la defensa ha tratado que se cite a los mandos para que lo ratifiquen con su presencia en un interrogatorio, sin ningún éxito hasta ahora. El juez no lo vio relevante, acaso porque sospechaba de la maniobra. Una línea similar de defensa trató de seguir el también imputado Enrique García Castaño. El propio policía reconoció abiertamente haber hecho entrega a Villarejo de todos los tráficos de llamadas que él le pidiera. Sin embargo, se justificó argumentando entonces Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino le había autorizado expresamente para ello. En este caso, sin embargo, Eugenio Pino decidió no respaldar al socio de Villarejo y negó en declaraciones a Estrella Digital que hubiera autorizado de ninguna manera a realizar estos seguimientos telefónicos, una práctica que han tachado de ilegal. “Todas las escuchas y registros de llamadas realizadas y autorizadas durante su mandato se han hecho de acuerdo a la legalidad vigente y siempre con autorización judicial. Jamás permitió el uso interesado o fraudulento de medios policiales”, sostuvo. Lo cierto es que Villarejo continúa en prisión. A principios de este mes, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea volvió a rechazar excarcelarle y no solo por el riesgo de fuga. El magistrado, en su auto, reprochó al exmando de la Policía Nacional estar intentando torpedear la investigación negándose a revelar al instructor cuáles son los supuestos archivos que, según Villarejo, están incluidos en el sumario y que podría afectar a la seguridad nacional, como él mismo ha asegurado en diversas ocasiones. De momento, Villarejo lleva once meses en prisión provisional por el del ‘caso Tándem’, que estalló a principios de noviembre pasado al destaparse una presunta trama de corrupción en la que habrían participado varios policías y en la que el comisario está investigado por blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal.

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