El juicio avanza en el Supremo y en la decimosexta sesión deberían declarar los responsables de la Generalitat en Bruselas y del Diplocat, Amadeu Altafaj y Alberto Royo, respectivamente. Pero al estar investigados en el juzgado 13 de Barcelona no se espera que lo hagan y, de hecho, la abogada de Altafaj, Judith Gené, que también representa a Meritxell Borràs, ha comunicado hoy que su representado se acogerá a su derecho a no declarar para no perjudicar su estrategia de defensa. Al residir en Bruselas, el tribunal ha tomado nota da de su negativa a declarar -comunicada por escrito- y ha quedado eximido de viajar hasta Madrid, han informado fuentes jurídicas. Otro de los testigos convocados para mañana es Jaume Mestre, responsable de Difusión Internacional en el departamento de Publicidad de la Generalitat. Y también lo están Paul Sinning, director del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, y Helena Catt, portavoz del equipo internacional de expertos electorales internacionales contratados por la Generalitat para actuar como observadores del 1-O. El primero para explicar si, como sostiene la Fiscalía, el Diplocat, por instrucciones del conseller de Exteriores Raül Romeva, pagó 119.700 euros al Centro de la Haya por el servicio prestado por los denominados “observadores internacionales” el 1-O. Helena Catt fue una de esas observadoras acreditadas por la Sindicatura Electoral de Cataluña y el día 2 de octubre ofreció una rueda de prensa en la que denunció “numerosas y repetidas violaciones de derechos civiles y humanos” durante el 1-O. 

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