El asesinato de una mujer en Úbeda eleva a 35 mujeres las mujeres muertas en España a manos de los hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación de pareja en lo que va de 2018, según el balance del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Diecinueve menores de edad han quedado además huérfanos de madre y cinco de ellos, también de padre por suicidio del agresor. Los datos son escalofriantes: desde 2003, cuando empezaron las estadísticas oficiales, han sido asesinadas 958 mujeres. Como referencia, en los 40 años de terror de ETA la cifra fue de 864. Por comunidades, la mayor cifra de mujeres asesinadas se concentra en Andalucía, donde vivían siete de las víctimas, autonomía a la que siguen Cataluña, con cinco, y Asturias, Galicia y Madrid, con tres. Dos víctimas eran de Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana. Por edades, el grupo más numeroso, 12, tenían entre 41 y 50 años y 21 de ellas eran españolas. De las asesinadas por sus parejas o exparejas, 28 jamás había denunciado a su agresor y, de las apenas seis que sí habían interpuesto denuncia, tres tenían medidas de protección en vigor. Por otro lado, desde 2003 se ha interpuesto más de 1.200.000 denuncias contra agresores. En este sentido, la Fiscalía General del Estado señala que es “objetivo prioritario” adecuar la protección de las víctimas de violencia de género que se deciden a denunciar con el riesgo real y considera “insuficiente” la valoración policial. Según indica el Ministerio Fiscal en su Memoria 2017, es “imprescindible” que los informes policiales se complementen con otras investigaciones periciales “más completas”, mediante la implantación “urgente en todo el territorio y todas las autonomías” de las unidades de valoración forense integral. Asimismo, admite que las víctimas con orden de protección vigente es el colectivo que “mayor preocupación” genera a este departamento dirigido por María José Segarra y señala que debe ser objeto de un “detenido análisis”, a fin de comprobar la valoración policial del riesgo, el seguimiento policial dispuesto, las medidas solicitadas y concedidas, si existía informe forense sobre el riesgo y si se ofreció la posibilidad de efectuar un control de la medida por medios telemáticos. Concretamente, apunta que sólo en un caso se estableció el control por medios telemáticos de las medidas de alejamiento, pese a que en ocasiones existían varias denuncias o quebrantamientos anteriores. “Especialmente impactante fue la muerte en 2017 de una mujer que había denunciado en diferentes ocasiones a su marido”, señala la Fiscalía. Tras dictar un juez la libertad del agresor, este acudió a la salida del colegio y, delante de su hijo y de otros menores, disparó contra su mujer y la mató. El Ministerio fiscal pone el acento también sobre las denuncias previas por malos tratos contra los agresores por parte de las fallecidas. Sólo 11 de las 53 víctimas mortales por violencia de género la habían presentado, el 20,7%, una “reducción importante” respecto al año anterior en el que este dato alcanzó el 30,7%. “Es necesario seguir luchando para conseguir la confianza de la víctima en la respuesta judicial y facilitarle apoyo y asesoramiento a lo largo del proceso para impedir que se vuelva atrás”, subrayan los fiscales, que constatan la “sorprendente” diferencia de denuncias entre las fallecidas y las 63 heridas graves, pues este último grupo ha denunciado el 44,4% de los casos, “dato sorprendente por su difícil explicación”. Sobre los medios empleados por los agresores para herir o dar muerte a las mujeres, la Fiscalía alerta de que la “brutalidad” va en aumento y que con frecuencia el número de heridas ocasionadas es superior a la necesaria para causar la muerte, porque “lo que buscan es infligir un daño intenso y profundo”.

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