El entramado empresarial de Juan Muñoz, esposo y socio de Ana Rosa Quintana se ha desplegado en decenas de empresas. Muchas de ellas derivan de la firma Otelum que comparte con la popular presentadora. Esta firma posee un patrimonio de casi 29 millones de euros.  De esta empresa, con apenas cuatro empleados, penden un reguero de variopintas firmas: Casa Grande, Actividades Domon, Casa Grande Entrepuentes, Turismo y Progreso, Gestión Activa del Suelo y Residencial, Modernización de Aparcamientos, Slow Suites, Mundo Suites, Iberia Suites, Cartera Industrial Rea, Indrakshi, Tuirsmo y Producciones, Argomaniz Inversiones Sicav, Cuarzo Producciones y Alquite Inversiones Sicav.  Por otro lado, Ana Rosa y Juan Muñoz tienen control de empresas como La Gran Garza Azul, ARQ Horizontes, Gestión Activa del Suelo, Turismo y Progreso 2Nd Screen Land, Ingenieria Esfi, Turismo y Progreso, e Iniciativas Repar.  Esto hace que la investigación de los fiscales sobre el presunto chantaje contratatado a José Manuel Villarejo no pueda orillar la duda de si los caminos y negocios del comisario y del empresario no se entrecruzaron en más de una ocasión dado que ambos tenían vocación inmobiliaria en Andalucía. Pero la sombra de corrupción no es una tacha recién caída sobre el esposo de Ana Rosa Quintana. La lleva encima desde 2009 cuando un juez le imputó por “Ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa” o de “carácter incontrovertible y grosero”. Así defínía el juez de Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Torres, lo sucedido con el urbanismo del municipio granadino de Alhendín cuando gobernaba José Guerrero bajo las siglas del PP. El magistrado en el denominado caso Marchelo imputó al ex alcalde de Alhendín, José Guerrero, a su concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, dos concejales más -Salvador Nogueras, de Obras Públicas; y María José Garrido, de Cultura y Educación- y el arquitecto municipal José Manuel Zambrano. Y a una docena de imputados: Juan Leocadio Muñoz -marido de la comunicadora Ana Rosa Quintana-, su hermano Muñoz, el padre de ambos, Fernando Muñoz Noguera, Fernando Rafael Rodríguez-Acosta Márquez, Luis Alonso Polo, Rafael Francisco Alonso Polo, Mariano Alonso Polo, Alejandro Alonso Ramírez, Manuel Melguizo y Rafael Tallón. El caso afloraba presuntos delitos urbanísticos, cohechos y, derivados de aquéllos, una invasión de la servidumbre aeronáutica de la base aérea de Armilla que ordenó paralizar una promoción de la empresa Frai, investigada en el sumario. El juez concluyó que el concejal de Urbanismo como el alcalde exigían cobrar, en metálico o en especie, comisiones de alrededor del 1,5% por cada obra realizada en la localidad. Según sus investigaciones, el que fuera concejal de Urbanismo “concertó con Fernando Muñoz y Juan Leocadio Muñoz” el concurso en el que se adjudicarían las obras a las que presentaba la empresa de ambos, Tarje. Se deducía de las conversaciones telefónicas que se “quebrantó el principio de libre concurrencia” y que, además, se “recortó el presupuesto de la obra un 5%” con la finalidad de “hacerlo menos apetecible y desincentivar” que otras empresas se presentasen al concurso. A fecha de hoy, el caso sigue instruyéndose y ambos hermanos Muñoz, hoy imputados por contratar chantajes a Villarejo, siguen incursos en dicho procedimiento.

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