La Sala de lo Penal del Supremo ha zanjado esta querella con un auto en el que determina que los hechos denunciados no corresponden con el tipo penal de la prevaricación, aunque dos de los magistrados han firmado un voto particular favorable a abrir una investigación. La querella del letrado Fernando Clemente de Antonio se refería al proceso de cobertura del puesto de subdirector técnico del Tribunal de Cuentas en favor de Enrique Medina, hermano del presidente de la Sección de Fiscalización de ese órgano. Ese nombramiento, resuelto en diciembre de 2013, fue posteriormente anulado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que apreció “desviación de poder”, pero entonces Enrique ya había salido del tribunal y fichado como directivo de la empresa pública Mercasa . Ahora, la Sala de lo Penal entiende que no hubo delito de prevaricación al no concurrir el elemento de arbitrariedad, el que permite diferenciar una ilegalidad administrativa de un comportamiento sancionable penalmente. Y recuerda que en este caso, si bien de forma irregular, se siguieron los cauces establecidos para adjudicar la plaza y que además el procedimiento fue corregido por la vía de lo contencioso-administrativo. El Supremo no entra en la denuncia de “represalias” que dice haber sufrido el querellante como representante de los funcionarios en la Junta de Personal del Tribunal. Según su querella, fue cesado de su puesto y adscrito forzosamente a otro por supuestos retrasos en su trabajo, al tiempo que se le abrió un expediente disciplinario por los mismos hechos. Los magistrados Alberto Jorge Barreiro y Luciano Varela son contrarios a la decisión de la Sala, pues, en un voto particular redactado por el primero al que se adhiere el segundo, subrayan que hay razones para investigar al querellado y a otras personas relacionadas con los órganos de gobierno del tribunal. Porque entienden que hay indicios de prevaricación dado que se dictaron escalonadamente resoluciones que, en apariencia, infringen “de forma patente, evidente y sugestiva” las normas administrativas que generaron una situación de injusticia para el resto de aspirantes. Hasta el punto de que se cambiaron los criterios de la convocatoria mediante una supuesta corrección de errores y, ante “la grosera ilegalidad” que suponía, se dejó indebidamente desierta la plaza, se publicó una segunda convocatoria ajustada al hermano de Javier Medina y se le adjudicó. 

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