La rebaja de la pena acordada por el Supremo deriva de que absuelve a Urdangarin del delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, al entender que no ha quedado probada su intervención. La pena implica el ingreso en prisión de Urdangarin, que solo podría evitarla si la Audiencia de Palma decidiera no enviarle a la cárcel en atención a lo que pudiera hacer el Tribunal Constitucional en caso de admitir a trámite un probable recurso de amparo del reo. Sin embargo, dada la pena impuesta, es poco probable que el TC suspendiera el ingreso en prisión. 

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