La mañana del 11 de julio de 2018 Enrique García Castaño recibió una llamada de Asuntos Internos: le informaban de que, por orden de la Fiscalía, iba a ser detenido. ‘El Gordo’, como se le apoda, ya lo intuía. No en vano, a finales de mayo había acudido ante el juez para desvelarle que sabía que estaba siendo investigado. Mientras esperaba el fatal desenlace, tuvo tiempo de sobra para planificar su estrategia y borró de forma deliberada todo el contenido de su teléfono. Cuando llegaron los investigadores no pudieron encontrar nada en este dispositivo, desvelan fuentes policiales cercanas al proceso. García Castaño sabía de sobra que el teléfono es uno de los puntos débiles de cualquier investigado, terrorista o delincuente común, y que con saber simplemente con quién intercambiaba llamadas o mensajes, la Fiscalía podría avanzar mucho en sus pesquisas.  Él no pensaba dar tantas facilidades. Y menos después de que esa misma mañana se publicara en los medios una grabación de Villarejo a Corinna en contra de la monarquía, que el propio García Castaño reconoció meses antes saber que existía y que se iba a utilizar para un presunto chantaje a la Casa Real.  Además, ‘El Gordo’ había utilizado precisamente sus contactos como jefe de UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo) para conseguir todos los tráficos de llamadas que le pedía Villarejo, supuestamente con autorización del DAO, como él mismo reconoció tras ser arrestado y publicó Estrella Digital. Eugenio Pino, ex DAO, ha negado tajantemente haberle dado tal orden ilegal. Pero ese gesto hábil de García Castaño le hizo cruzar una invisible frontera a ojos de los investigadores: ¿Para qué borra las llamadas un policía honesto que dice querer colaborar con la justicia? Acababa de cumplir el manual del sospechoso. Sin embargo, había un número que sí había guardado en la memoria de su dispositivo. Bajo las siglas “BG”, se escondía su amigo Baltasar Garzón. Mientras los investigadores realizaban el registro de su domicilio, el teléfono no paraba de sonar insistentemente. Cuando respondieron al teléfono y comprobaron la identidad del interlocutor preguntaron: “¿Llama como amigo o como abogado?”. La pregunta no era capciosa. Ya se encontraba en el lugar uno de los letrados del despacho de Garzón, y si el exmagistrado se hacía cargo de la defensa de ‘El Gordo’ no podían negarle el derecho a hablar con él. García Castaño dudó por un momento. Reconoció que era su amigo, pero acto seguido mantuvo con firmeza que era su abogado. Pudo charlar con él y Garzón acudió presto al auxilio de aquel al que incluso ‘apadrinó’ en su boda. No era la primera vez que le prestaba asistencia jurídica. Miembros de su despacho le acompañaron también aquel día de mayo en el que alguien le filtró que estaba siendo investigado y acudió a la desesperada para lavar su imagen. La relación entre García Castaño y Garzón se remonta a los años 90. Esta relación, no obstante, no empezó con muy buen pie. Fue la época del famoso ‘informe Veritas’, en el que se aseguraba que el magistrado “tenía relaciones con miembros de una organización de narcotraficantes” y “había participado en orgías con mujeres”.  En el mismo documento, sostenían habían captado a Garzón aprovechando “su obsesión por las mujeres, por aparentar y por la buena vida”. “No les resulta difícil irlo introduciendo al principio en fiestas aparentemente inocuas y, más tarde, en orgías donde puede disfrutar de dos y hasta tres mujeres a la vez, donde se consume coca y se abusa del caviar y del champagne francés”, sentenciaban. Por este informe fueron cesados, por orden el entonces DAO y ahora Secretario de Estado de Defensa Ángel Olivares, tres inspectores jefe: Ramón Lillo, José Villarejo y Enrique García Castaño, dos de ellos investigados en el caso Tándem.  Paradójicamente y contra todo pronóstico, este ataque no fue óbice para que al menos García Castaño, Villarejo y Garzón se convirtieran en grandes amigos ni para que los policías pudieran prosperar dentro del Cuerpo hasta alcanzar la categoría de comisario. Esta amistad, conocida por todos, necesitaba una justificación. Nadie podía comprender cómo el magistrado brindaba su cariño y apoyo (incluso una vez detenidos por cohecho, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y revelación de secretos) a los responsables del informe que podría haber destrozado su reputación. Hubo que esperar al año pasado, cuando Villarejo dio una entrevista a Évole para conocer la excusa que esgrimían ante su “tronco”: la culpa era de Margarita Robles. Así, Villarejo reconoció ante el periodista haber realizado el informe, pero culpó a la entonces secretaria de Estado de Seguridad, Margarita Robles, de habérselo encargado. El propio Garzón, que apareció en el programa dio por buenas las palabras del comisario jubilado: “Llegaron incluso a instruir un atestado falso con testigos falsos. No tenía ni pies ni cabeza. Luego supe que hubo policías que se negaron a participar en aquella operación ilícita, aunque no se atrevieron a denunciar. Villarejo es un buen policía, no es el malo de la película. Quienes diseñan esas películas sí son malos”. Lo que sí es cierto es que Garzón tiene un largo camino por delante, en lo que a la defensa de García Castaño se refiere. Ya ha reconocido uno de los delitos que se le imputan, el de revelación de secretos, y podría verse en una situación más comprometida si se probaran algunas de las sospechas de los agentes policiales sobre el supuesto origen ilícito de su patrimonio. De momento, ‘El Gordo’ se encuentra suspendido de sus funciones a la espera de un invierno judicial que se prevé muy oscuro.

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