A pesar de que el juez De Egea decidió no dictar prisión provisional para el comisario Enrique García Castaño, detenido hace apenas dos meses, su futuro procesal parece complicarse por momentos por los datos que obran en el sumario.  El propio policía ha reconocido abiertamente haber hecho entrega a Villarejo de todos los tráficos de llamadas que él le pidiera. Sin embargo, se ha justificado atacando al entonces Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, al asegurar que este le había autorizado expresamente para ello. Pese a todo, García Castaño, alias ‘el Gordo’, ha negado que estas llamadas estuvieran ligadas a los proyectos Land o Iron, en el marco de los cuales se le investiga por organización criminal, blanqueo, cohecho y revelación de secretos. Curiosamente, en los registros practicados en el domicilio de Villarejo se encontraron documentos en los que, bajo el título “Gestiones BIG” (sobrenombre que se le daba a Castaño, como él mismo ha confesado), se incluían listados de teléfonos cuyo tráfico había sido obtenido ilegalmente. Resulta complicado explicar cómo el máximo responsable de la Policía habría podido consentir, siempre bajo las acusaciones de Castaño, que un comisario como Villarejo, que no estaba adscrito a ninguna unidad de la lucha antiterrorista, pudiera acceder a tráficos de llamadas obtenidos con medios destinados exclusivamente para este fin. Cabe recordar que hasta su fulminante cese, García Castaño era el máximo responsable de UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo), órgano encargado de la logística de los seguimientos y los pinchazos en materia antiterrorista. Las escuchas policiales para otras áreas, como judicial, no debían pasar por las manos de ‘El Gordo’. Fuentes del equipo del ex DAO han negado tajantemente que hubiera autorizado de ninguna manera a realizar estos seguimientos telefónicos, una práctica que han tachado de ilegal. “Todas las escuchas y registros de llamadas realizadas y autorizadas durante su mandato se han hecho de acuerdo a la legalidad vigente y siempre con autorización judicial. Jamás permitió el uso interesado o fraudulento de medios policiales”, han insistido, a la vez que se han mostrado sorprendidos de las graves acusaciones vertidas por Castaño en sede judicial. Y estas fuentes han recordado que el tándem Villarejo-García Castaño ya funcionaba antes de su llegada. “¿Cómo obtenían antes las llamadas?” Y señalan que el ex DAO, a diferencia de los agentes implicados en la trama -existen dudas sobre la procedencia de dos coches de García Castaño- no ha recibido ningún regalo o pago de Villarejo. “Yo pedí el cese de Villarejo y el de Marcelino Martín Blas”, y sólo me concedieron el segundo, explicó a sus íntimos el ex DAO. No es la primera vez que se producen acusaciones cruzadas dentro del equipo de confianza del antiguo DAO. Enrique García Castaño, en las grabaciones difundidas por el diario Público, aseguró que el comisario Villarejo y el ex DAO estaban extorsionando a las más altas instituciones del Estado, todo para conseguir no ser llamados a declarar ni ser imputados en el caso de el pequeño Nicolás. Además, tras producirse las grabaciones en el despacho del entonces Ministro de Interior, Fernández Díaz, fueron muchos los que miraron a Castaño, por lo que él desvió rápidamente la atención y señaló al ex DAO como último responsable.  No han sido las únicas traiciones. Castaño también habría cargado contra su socio Villarejo cuando descubrió, una vez detenido, la profusión de grabaciones que este último tenía en su contra. Así, sostuvo que Villarejo era el único responsable del entramado criminal del que él, dijo, no tenía constancia. Paradójicamente, pese a afirmar desconocer cualquier actividad ilícita de Villarejo, lo cierto es que Castaño sí sabía que estaba siendo investigado junto al que él denominaba “su tronco”. El 28 de mayo, se presentó ante el juez. Allí, desveló ante De Egea que sabía que se había abierto una investigación en su contra y se ofreció a colaborar con el fin de lavar su imagen.  El magistrado decidió entonces enviarle ante la Fiscalía. Curiosamente y pese a que el juez conocía la grave filtración, que ponía en riesgo las pesquisas, no permitió su detención hasta mes y medio más tarde, la cual fue ordenada por la Fiscalía, tras lo cual De Egea le puso en libertad.

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