A través del chantaje, la extorsión y de vivir al margen de la legalidad, Villarejo presuntamente logró amasar una fortuna que incluiría una treintena de sociedades, con un capital de 25 millones de euros, así como más de 90 inmuebles. Sin embargo, descubrir el verdadero entramado financiero de los policías vinculados a la Operación Tándem podría ser mucho más complicado de lo que a primera vista parece. Según confirman fuentes de la investigación a este medio, no se trata ya solo de rastrear el patrimonio que agentes como el propio Villarejo, García Castaño o Celia Castro tienen a su nombre. Sus sospechas van más allá: podrían haber estado utilizando identidades supuestas, a las que tendrían derecho como miembros del servicio de información, para presuntamente ocultar las ganancias de actividades ilícitas. “Como agentes que se dedican a la lucha contra el terrorismo, algunos de los policías imputados en Tándem tenían derecho a lo que se conoce como identidades supuestas. Esto es, una identidad falsa pero con documentación real que se utiliza para misiones secretas. Está regulado por ley. Sin embargo, existen sospechas de que podrían haberse aprovechado de esta condición no solo para poner patrimonio a su nombre y ocultarlo de investigaciones como la que ahora nos ocupa, sino también para vincularlas a números de teléfono con las que hacer negocios o seguimientos, tanto telefónicos como de localización”, explican fuentes de la investigación. Así, en el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento se establece que “cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada el juez o la Fiscalía dando cuenta al magistrado podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta”. Por ello, los investigadores sospechan que al necesitar el permiso especial de un juzgado, García Castaño y Villarejo dedicaron años a cultivar relaciones en estos ámbitos. Prueba de ello, es la estrecha relación que les une con Garzón, defensor del primero en Tándem, así como con otros destacados miembros de la judicatura.  Por otro lado, detalla la ley, esa “identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad”.  “Es decir, legítimamente pueden abrir cuentas y empresas a su nombre, siempre y cuando tengan que ver con la investigación. Pero al ir a un banco, por ejemplo, no dices: “Oye, soy un agente encubierto que viene a hacerse una cuenta”. Tú actúas como un ciudadano más, tu identidad supuesta es, en teoría, la verdadera y como tal la documentación es perfectamente legal. Sin embargo,  la resolución por la que se acuerde dar esta identidad supuesta deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad”, tratan de matizar fuentes del caso. En este caso, no obstante, rastrear tantos nombres supone un esfuerzo sobrehumano. “El problema es que un policía puede tener tantas como sea necesario para cada caso y pueden cambiar de un caso a otro, lo que, en el marco de Tándem, nos obliga a investigar decenas de nombres. Se han producido decenas de operaciones durante todos los años que algunas de estas personas han ocupado cargos en la lucha contra el terrorismo, por lo que llevan años ostentando este privilegio. Eso suma decenas de nombres”, cometan. Además, pese a que el registro se conserva en Secretaría de Estado, está amparado por la ley de secretos, por lo que se precisa una autorización judicial para cada una de ellas. Por otro lado, la ley establece que “el agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito”. “Esto significa que no vale con ver si hay o no una cuenta creada hace algunos años. Hay que investigar caso por caso para ver si esa actuación estaba vinculada o no al caso que motivó que se otorgara esa identidad supuesta. Es un trabajo agotador, pero apasionante”, continúan,  a lo que añaden: “La primera pista fue clara: el propio Villarejo se ha arrogado en más de una ocasión la condición de agente encubierto, es decir, reconoce haber podido operar con identidades supuestas”. Ahora, dicen, solo queda trabajar con ahínco para descubrir si se han utilizado de forma fraudulenta. “No puede ser que una herramienta que sirve para proteger la vida de los agentes pueda haberse utilizado para negocios fraudulentos. Nosotros haremos nuestro trabajo: investigar”, concluyen.

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