La Audiencia Provincial de Madrid juzga a seis acusados de realizar en 2008 seguimientos a cargos políticos del PP enfrentados a la expresidenta de la Comunidad madrileña Esperanza Aguirre como el exvicepresidente regional Alfredo Prada y el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo. En la declaración que prestó ayer como testigo Jaime Barrado denunció “cortapisas” que sufrió para investigar “más arriba” por el espionaje a políticos del PP, así como “irregularidades” de los entonces responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, José Luis Olivera, y fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. Estas revelaciones llevaron a la presidenta del tribunal, Paz Redondo, a suspender la declaración como testigo de Jaime Barrado para proteger sus derechos ante la posibilidad de que lo que estaba manifestando pudieran comprometerle penalmente y que las defensas de cuatro de los acusados pidieran que se deduzca el correspondiente testimonio, lo que la jueza resolverá una vez que termine el juicio. En el banquillo de los acusados de sientan el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón, el exsubdirector Miguel Castaño, tres guardias civiles y un técnico de la Administración regional que se enfrentan a entre dos y cuatro años de prisión que pide el PSOE por delito de malversación de caudales públicos, ya que la Fiscalía no acusa. Al comienzo de la sesión de hoy el letrado Ramón González Bosch, defensor de dos de los tres guardias civiles acusados y del técnico de la Administración regional, ha planteado que procede el sobreseimiento del caso y la disolución del jurado ante las revelaciones de Barrado y que lo que dijo puede suponer la ilegalidad de todas las pruebas obtenidas en el procedimiento. Ha advertido además de que los policías nacionales y los guardas civiles que hoy han comparecido ante el tribunal podían incurrir un colaboración con un supuesto delito de prevaricación si ratificaban en el juicio los informes que realizaron durante la investigación. La magistrada Paz Redondo ha señalado al letrado que su planteamiento de anulación del procedimiento debe realizarlo en la fase de informes y que si cree que hay que investigar el supuesto delito de prevaricación al que ha hecho referencia puede pedir la correspondiente deducción de testimonio para que se investigue en un Juzgado de instrucción. El abogado Javier Vasallo, defensor de otro de los guardias civiles acusados, ya adelantó ayer que pedirá que se deduzca el correspondiente testimonio por parte del tribunal para depurar las responsabilidades que correspondan y ha anunciado que ejercitará acciones penales contra Manuel Moix, José Luis Olivera, Jaime Barrado y los demás responsables policiales intervinientes. Durante la sesión de hoy han declarado como peritos dos policías nacionales y otros tantos guardias civiles que han manifestado que el técnico de la administración regional acusado es el autor de los partes manuscritos de seguimiento a los supuestos espiados. Han añadido que no pudieron cotejar la letra de dichos partes con unas muestras que les envió el Juzgado de la de Miguel Castaño porque la misma estaba muy deformada pero en todo caso concluyeron que el autor de los manuscritos era el citado técnico. 

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