La Fiscalía del Supremo ha cifrado en más de 3 millones de euros los fondos malversados en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Entre estas partidas se incluye la publicidad institucional y la campaña exterior. Así, según detalla el Ministerio Público, en los meses anteriores a la realización del 1-O, “comenzaron  los  preparativos  destinando para ello fondos  públicos con  los  que  hacer  frente  a  los  gastos  que  su  ejecución  comportaba  (material electoral, campañas  de  publicidad,  aplicaciones  informáticas,  locales  para  el recuento, etc.)”. Además, para la Fiscalía, en este apartado se debería incluir “la financiación de  actividades  que  se desarrollaban en el  exterior,  como  la  acción  del  servicio  DIPLOCAT para  internacionalizar  el conflicto   y   obtener   reconocimiento   en   instancias  supranacionales,   las campañas  de  publicidad  institucional  o  las  campañas  dirigidas  a  conseguir  el voto de los catalanes ubicados en otros países”. Mediante acuerdo del Gobierno de la Generalitat de fecha 7-9-2017 -a propuesta del vicepresidente, Oriol Junqueras, y de los consejeros de Presidencia, Jordi Turull, y de Asuntos Institucionales y Exteriores, Raúl Romeva– se autorizó a los diferentes departamentos para que realizaran las acciones y contrataciones necesarias para la realización del referéndum. Se añadió que las decisiones y actuaciones serían tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de todos los miembros del Gobierno y asumidas de forma solidaria. En este sentido, y burlando al mismo tiempo los controles establecidos en garantía de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Cataluña,  según la Fiscalía,  se usaron 900.906´70 euros en los locales en los que se desarrolló la votación. Además, para publicidad institucional relacionada con el referéndum: la campaña internacional del referéndum se destinaron 110.263,51 euros,  así como otros 266.496,04 euros en la campaña “Registro de Residentes en el Exterior”, y 277.804,41 euros en la campaña CIVISME. Por otro lado, los gastos de suministro de papeletas, censo electoral y citaciones a personas integrantes de las mesas electorales, realizados por Unipost SA, ascendieron a un importe total de 979.661,96 euros y por cartelería del referéndum, 38.431’20 euros. Curiosamente Unipost es una de las empresas que aparecían en la lista de morosos que el ministerio de Hacienda publica anualmente. No solo eso. En cuanto a la acción exterior desarrollada por la Generalitat en favor del proceso rebelde, se destinaron 60.000 euros en la campaña internacional de imagen de la Generalitat y otros 441.740,72 euros en la contratación y financiación de expertos y observadores internacionales. Para los Cuerpos de Seguridad del Estado esta cifra, no obstante, se quedaría corta. Concretamente, la Guardia Civil añade otros 760.000 euros destinados a programas informáticos para recaudar impuestos que corresponden al Estado, por lo que la cifra total de euros malversados superaría los 4 millones de euros. Así, un informe de la Benemérita revela que solo “back office SAP TRM”, la última de estas herramientas informáticas, costó más de 241.000 euros. El sistema, contratado por el Govern de Carles Puigdemont, formaría parte del esquema informático de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en una nueva “república”. El objetivo era financiar las necesidades básicas de la Generalitat de Cataluña hasta que la ATC fuese plenamente operativa, ya puestos en el escenario de la independencia de la región. Así las cosas, el sistema tomaría el control sobre una importante cantidad de ingresos tributarios, como el IRPF y las cotizaciones sociales. Durante la administración de Artur Mas, en 2014, se contrató otra aplicación, el “Gestor de Entradas”, para contribuyentes que voluntariamente desearan entregar a la ATC una copia de su declaración del IRPF. La herramienta solo estuvo operativa en 2014 y tuvo mantenimiento hasta 2016, tras un escaso uso de los ciudadanos, pero su coste fue de casi 512.000 euros. El informe concluye que “los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña pudieron haber hecho un mal uso de los fondos públicos, arrogándose competencias de las que carecían” y “la cuantía total destinada a las actividades recogidas en este informe ascendió a un total de 759.390,58 euros”.

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