Batet ha anunciado al término de la reunión de la Mesa la suspensión en el ejercicio de sus cargos de Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como habían determinado los servicios jurídicos. La presidenta ha asegurado que no ha habido una votación como tal de los nueve miembros de la Mesa, si bien los dos representantes que Unidas Podemos tiene en el órgano de gobierno del Congreso se han opuesto a que se adoptara este viernes la suspensión, al pedir más tiempo para estudiar con detenimiento el dictamen de los letrados. Además de tratar la suspensión, la Mesa tenía que analizar el alcance de esta medida, sobre todo por los efectos que puede tener para el umbral de la mayoría absoluta al faltar cuatro de los 350 diputados del Congreso, asunto sobre el que se ha acordado pedir un nuevo dictamen a los servicios jurídicos de la Cámara. De esta forma, ha explicado Batet, se convocará una nueva Mesa para adoptar en su momento los acuerdos que sean necesarios a la luz del nuevo informe jurídico encargado a los letrados. Ha insistido la presidenta en que hoy se ha acordado la suspensión de los “derechos y deberes de los parlamentarios” y que lo relativo al “cómputo de mayorías” será tratado en la siguiente reunión de la Mesa. Y ha puntualizado que si los cuatro diputados presos no renuncian a su acta “serán diputados suspendidos”. Meritxell Batet ha hecho notar que ante una “situación inédita” como la que ha tenido que afrontar por la situación de los cuatro diputados catalanes, se ha buscado “salvaguardar” el poder legislativo y “garantizar” los derechos de los parlamentarios. Ha remarcado que ha procurado tomar las decisiones correspondientes “conforme a derecho y con la máxima seguridad jurídica”, las cuales en ningún caso pueden tener carácter “político” o discrecional. Por ello ha justificado el escrito que dirigió al Tribunal Supremo para aclarar las dudas sobre la suspensión, así como el encargo a los letrados del informe, dada la “complejidad” y lo “delicado” de la cuestión y las “divergencias” en los diferentes escritos que las fuerzas políticas dirigieron a la Mesa. En este sentido, ha remarcado que el encargo del informe ha sido la decisión “más prudente, más garantista y con mayor seguridad jurídica” que se podía tomar. Además de suspender a los diputados con efectos del día 21 de mayo, cuando tomaron posesión de sus cargos en la sesión constitutiva del Congreso, la Mesa ha comunicado su acuerdo al Tribunal y a la Fiscalía para que pueda adoptar “las medidas oportunas”. 

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