Así lo han explicado la consellera de Justicia, Ester Capella, y el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, en el Casal de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Barcelona), donde han señalado que esta medida busca “acabar con la impunidad” de los abusadores. “Sin respeto no puede haber herencia”, ha sentenciado Capella, quien ha asegurado que “los agresores no tocarán ni un céntimo de la legítima”, es decir, la cuarta parte del patrimonio del difunto que, por ley, queda reservado a los descendientes o, por defecto, a los progenitores. Según la consellera, esta modificación pretende poner fin a la “ambigüedad” de la legislación actual, que contempla como único motivo para desheredar el “maltrato grave” lo que -ha dicho- a menudo “induce a una interpretación equivocada” que no tiene en cuenta los maltratos psicológicos. “Los insultos, las humillaciones, los gritos, los chantajes y el aislamiento son inadmisibles y no se pueden banalizar”, ha alertado Capella antes de recalcar que este anteproyecto de ley, que para entrar en vigor deberá ser aprobado antes por el Parlament, “equipara el maltrato físico al psicológico”. Por su parte, El Homrani ha detallado que, para privar a un legítimo heredero de sus derechos, tendrán que “mejorar los protocolos y procesos de detención” de abusos, ya que a menudo este tipo de agresiones son “invisibles”. De hecho, de acuerdo con la Generalitat, las agresiones psicológicas suponen el 44 % de todos los maltratos, pero tan sólo el 10 % de los casos llegan a denunciarse, alrededor de mil por año. 

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