La nueva normativa sobre VTC del Gobierno socialista “claramente lo que pretende es dispersar y repartir el problema entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, según ha afirmado su portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal, que añade que aleja a cinco años la solución de un problema que preocupa a la sociedad española. El nuevo decreto ley fija un régimen transitorio de cuatro años para que las comunidades autónomas adapten su legislación, tras lo cual, las autorizaciones de VTC de ámbito estatal quedarán habilitadas únicamente para prestar servicios interurbanos. Con este nuevo real decreto ley, el noveno que aprueba el Gobierno de Pedro Sánchez, “han batido un récord mundial” y manifiestan día tras día “su incapacidad” para elevar textos legislativos al Congreso de los Diputados y buscar apoyos parlamentarios para sacar sus iniciativas legislativas adelante, ha subrayado. El PP considera que este nuevo decreto ley “no es la solución”, ya que, desde luego, en ningún caso, lo es trasladar un problema a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, sin establecer un diálogo fructífero con ellos y que permitiese construir una respuesta consensuada a una cuestión que atañe más de una institución. En cualquier caso, el PP cree que es “un error porque sale fuera de ese plan de transición que siempre hemos defendido nosotros”, una transición a un modelo, en el que pueden convivir tanto los taxis como las VTC, dando un servicio adecuado y bueno a los españoles. A juicio del PP, este real decreto ley traspasa el problema a instituciones que desconocen su contenido y en qué consiste y, por tanto, “lo que hace es aumentar aún más las enormes dificultades que ya de por sí estamos viendo en el sector del transporte por carretera”.

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