Los socialistas, informan en nota de prensa, denuncian “el uso abusivo y fraudulento de la facultad de ampliación del plazos de enmiendas” hasta tal punto, añaden, que dicha actitud ha sido una “constante” de la presente legislatura, ya a punto de acabar. El adelanto electoral, que está previsto se plasme en un real decreto el próximo día 5 de marzo, supondrá la disolución de las Cortes y, en consecuencia, el fin de la legislatura. En cuanto ello ocurra, decaen todos los proyectos de ley, las proposiciones de ley o los decretos leyes para su tramitación como proyectos. Denuncia el grupo socialista en su nota que la paralización de hasta 50 iniciativas se han quedado sin tramitar debido a la facultad que se arroga la mayoría de la Mesa, que forman PP y Ciudadanos, para ir ampliando el plazo de presentación de enmiendas, es decir, de propuestas de modificación. El proyecto de ley con derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura, la proposición de ley sobre la eutanasia, la de la reforma de la Ley de Estabilidad o la que apuesta por regular el horario laboral de los trabajadores son algunos de los ejemplos que cita el PSOE como casos de iniciativas paralizadas. De hecho, algunas de estas propuestas han recibido automáticamente, con periodicidad semanal, prórrogas de ampliación de enmiendas, en algunas medidas desde hace dos años e incluso casi desde que arrancó la legislatura. El citado proyecto para la reparación de los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura acumula hasta 27 ampliaciones, una cifra muy por debajo de las 60 que se aplicaron a la propuesta para derogar el plazo máximo de instrucción previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recuerda el grupo socialista. Son siempre proyectos o proposiciones que superaron en su momento la primera barrera para tramitarse en el Parlamento, la toma en consideración por el pleno, pero luego se han quedado estancadas en la Mesa, protesta el PSOE. El conflicto entre el grupo socialista y el de Unidos Podemos, que suman cuatro miembros de los nueve que componen la Mesa (los cinco restantes son de PP y de Cs), se remonta prácticamente al inicio de la legislatura. “No dejar que se exprese el pleno de la Cámara no es constitucional, y el PP y Ciudadanos lo han hecho durante ocho meses”, afirma el PSOE. Además, el grupo socialista denunció ayer, al terminar la Junta de Portavoces, que la Mesa decidió levantar el veto a 17 de esas iniciativas bloqueadas, pero ya no hay tiempo de tramitación porque la legislatura acabará la semana que viene. No es la primera vez en esta legislatura que los grupos apelan al Constitucional para resolver un conflicto de atribuciones. En su fallo, el alto tribunal no puso en duda la prerrogativa del Gobierno para vetar las iniciativas que cree afecten a sus cuentas, si bien limitó esta respuesta al ejercicio presupuestario en curso. Precisamente una de las proposiciones que decaen al adelantarse la fecha electoral pide reformar el reglamento para terminar con estas ampliaciones del plazo de enmiendas “sine die”. Es una propuesta del PSOE. 

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