El grupo socialista presentó ayer una enmienda al proyecto de Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes del Pacto contra la violencia de género que, a su vez, modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el Senado tenga la última palabra sobre los objetivos de déficit. En respuesta al líder del PP, Pablo Casado, que le ha acusado de “autoritarismo” y de intentar “amordazar el Senado” en la sesión de control, Sánchez ha argumentado que esa enmienda trata de modificar una ley “anacrónica” retirando la capacidad de veto de la Cámara Alta, una prerrogativa que, a su juicio, no tiene en ninguna otra ley. “En realidad lo que queremos es desbloquear este debate necesario que tiene una mayoría parlamentaria detrás, y una minoría, la del PP y Cs lo está bloqueando en la Mesa del Congreso. Sea usted demócrata y desbloquee el debate de la Ley de Estabilidad. ¿Qué miedo tiene?”, ha reprochado a Casado. Por contra, Casado ha acusado a Sánchez de “autoritarismo” y de actuar “con fraude de ley” al intentar “amordazar” al Senado a través de una enmienda adicional a una ley que nada tiene que ver con la Ley de Estabilidad. El presidente del PP ha avanzado que su grupo pedirá amparo a la Mesa del Congreso para que esa enmienda no se tramite ya que, según ha explicado, lo avala hasta seis sentencias del Tribunal Constitucional. “Al igual que en Venezuela, cuando a ustedes no les gusta una Cámara o la duplican o cierran”, ha denunciado. Acabado el “cara a cara” con Casado, Sánchez ha añadido en declaraciones en los pasillos del Congreso, que la enmienda presentada por el PSOE es “perfectamente legal” y se trata de una técnica parlamentaria “que se ha utilizado en reiteradas ocasiones”. A su juicio, lo importante es que con esta reforma se van a poder destinar 6.000 millones de euros adicionales para “reconstruir el Estado de bienestar”.   También hoy, con respecto a levantar el secreto de los documentos clasificados, el presidente del Gobierno ha asegurado estar dispuesto a acortar a 25 años el plazo para levantar el secreto de los documentos clasificados, como pide el PNV en su propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968Además ha aprovechado para anunciar que el Gobierno está estudiando autorizar con carácter general la consulta de los documentos que integran el Archivo General Militar. Sánchez, que se ha referido a este asunto en la sesión de control del Congreso, en respuesta al portavoz del grupo vasco, Aitor Esteban, ha subrayado que su planteamiento “no es el mismo que el de los grupos conservadores” y le ha ofrecido “debatir y acordar” sobre un plazo más o menos largo, sobre la fijación de funciones, la desclasificación automática o los términos de régimen transitorio. “Si lo hacemos bien, estoy convencido de que podemos garantizar y conjugar la defensa de los intereses generales y contribuir a la recuperación cabal de nuestra historia y al conocimiento de los asuntos”, ha afirmado. Tras meses de paralización, la tramitación de la proposición de reforma de la Ley de Secretos Oficiales del PNV -que busca levantar el secreto de los documentos clasificados en un plazo de 25 años y de diez en caso de materias reservadas- fue desbloqueada el pasado marzo. Esteban, que ha animado hoy a Sánchez a ir “mucho más allá” de las enmiendas presentadas por el PSOE, le ha pedido que suprima un acuerdo adoptado por el Gobierno de Felipe González en 1986, en el que, según ha dicho, se ha basado el Ejecutivo del PP para negar mucha información, y otros de Zapatero en 2010, en el que “se hace el bloqueo de manera generalizada, en vez de hacerlo documento a documento”, lo que impide por ejemplo consultar todas las notas diplomáticas españolas. “¡Déjese tanto de comisiones de la verdad y abramos los archivos, porque si no es muy difícil que conozcamos la verdad!”, le ha dicho al presidente, al que ha demandado que “rectifique” sus enmiendas, ya que con ellas no se podría desclasificar ningún documento hasta el año 2030, “y hasta 2040 con las enmiendas de Cs”, ha alertado. Sánchez le ha tranquilizado y le ha recordado que en la Cámara “hay una mayoría que comparte que el recurso excesivo del secreto oficial no carece ya de sentido y que por tanto debamos incorporar la transparencia al conjunto de archivos de la Administración”.

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