Sevilla, 23 may (EFE).- El exmiembro del Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia Antonio Jesus Mena Calvente ha negado hoy que el expresidente andaluz Manuel Chaves -juzgado en el caso ERE- ordenara resolver la “problemática” de los afectados por el cierre de la empresa Bilore. Mena Calvente fue director del Área de Planificación del ese gabinete entre 2003 y 2008 y según ha explicado su labor era remitir los numerosos escritos y peticiones que recibía el presidente andaluz, y que le pasaba el director de dicho gabinete Juan Gallo, a la consejería correspondiente según la materia de los mismos. En la pieza política del caso ERE se juzga por prevaricación y malversación a Chaves y otros 21 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un “procedimiento específico” con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía. En la causa consta un escrito que Mena remitió el 12 de febrero de 2004 al jefe de Gabinete de la Consejería de Empleo con una carta que trabajadores de Bilore, una fábrica de Lucena (Córdoba) cuyo cierre en 2003 afectó a 51 empleados, entregaron a Chaves durante una visita a Osuna (Sevilla). En ella decían haberse reunido con el exdirector de Trabajo Javier Guerrero -uno de los principales acusados- para pedirle una ayuda para reactivar la empresa y solicitaban a Chaves conocer el resultado de dichas reuniones. En el escrito, Mena decía que Chaves iba a visitar próximamente Lucena y “sería conveniente haber encauzado la problemática planteada para evitar encontrarnos con la situación de ayer”, si bien a preguntas del fiscal ha negado que recibiera indicaciones del entorno del presidente para solicitar ese encauzamiento de la situación y ha dicho que “es una expresión genérica, no se decía ‘haga usted esto'”. Durante la instrucción del caso, Guerrero declaró que recibió una directriz por escrito del gabinete de la Presidencia de Chaves diciéndole que tenía que solucionarse “sí o sí” el problema de Bilore porque el presidente iba a visitar Lucena, si bien en el juicio no ratificó esas declaraciones y Chaves negó haber dado “nunca” instrucciones de ese tipo. Hoy también ha testificado una extrabajadora en la empresa Surcolor, Manuel Hurtado, despedida junto a otros 23 empleados en 2006 cuyas indemnizaciones dejó de pagar la empresa y presuntamente acabó asumiendo la Junta abonando las pólizas (incluyendo a dos beneficiarios que nunca trabajaron en la empresa). Hurtado ha declarado que todo fue tramitado por CCOO y el responsable de Vitalia José Bordallo, que se enteró de que la Junta había asumido el pago al enviar una carta al entonces alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido para exponer la problemática de los trabajadores que habían dejado de cobrar. Demandó a Surcolor por impago y quiso hacer lo mismo con la Junta pero en CCOO le pusieron “muchas barreras”, ha concluido. EFE 1003672 lba/fs/jlg

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