Madrid, 21 may (EFE).- Una abogada del Estado imputada en la causa en la que se investiga la adjudicación de un contrato de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2012 que pudo servir para financiar al PSPV ha reconocido irregularidades administrativas en el acta de contratación, si bien se ha desvinculado de las mismas. Irene Domínguez, que fue subsecretaria de Defensa con el ministro popular Pedro Morenés en 2012, ha declarado hoy como investigada ante la titular del juzgado de instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez, en relación a la adjudicación por 126.208 euros de un contrato de publicidad institucional a la empresa Crespo Gomar. También estaba previsto que declarase hoy Nicolás Mateos, el que fuera jefe de Gabinete de la exministra socialista de Vivienda Beatriz Corredor, y la entonces responsable de comunicación, Eva Cuesta, si bien ambos han solicitado que, como funcionarios públicos, les defienda la Abogacía del Estado, por lo que sus comparecencias se han aplazado. Irene Domínguez formó parte de la Mesa de Contratación que dio el visto bueno a adjudicar el contrato de publicidad institucional Crespo Gomar, la empresa que presentó la mejor oferta económica, pero no técnica. La investigada ha admitido que hubo algunas irregularidades administrativas en las actas de contratación, de las que fue consciente posteriormente, si bien ha justificado que ella se limitó a hacer su trabajo, según han informado fuentes jurídicas. El contrato se firmó el 29 de diciembre de 2008, dos días antes de que finalizase el plazo de ejecución, si bien, según un informe pericial de la Intervención del Estado y según ha reconocido hoy Domínguez, la abogada del Estado no corroboró la capacidad legal del responsable de firmar el contrato hasta el 5 de enero. Además, según las fuentes, Domínguez ha declinado responder si sabía si Crespo Gomar pudo financiar irregularmente al PSPV. En esta causa también figura como investigado el antiguo subsecretario de Vivienda Marcos Vaquer, cuya declaración se suspendió sin fecha. La juez investiga a todos ellos por los delitos de prevaricación y/o malversación. Paralelamente, en otro juzgado de Madrid están imputadas por los mismos delitos dos ex altos cargos del exministro de Sanidad Bernat Soria: Etelvina Andreu, antigua directora general de Consumo, y Consuelo Sánchez Naranjo, exsubsecretaria de Sanidad y Consumo. La investigación comenzó en 2016 en un juzgado de Valencia, que apreció indicios de que estas y otras adjudicaciones podrían haber servido para financiar campañas del PSPV en 2007, y que posteriormente se inhibió a favor de Madrid, Benidorm y Gandía al considerar que los hechos se produjeron en las citadas ciudades. EFE

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