En respuesta al fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena, Vila ha asegurado tener la “convicción” de que ni él ni sus compañeros tomaron decisión alguna relacionada con el 1-O después de que se suspendiera y ha apuntado que el referéndum fue fruto de una “lógica gubernamental” con la que el Govern pretendía “tensar la cuerda, pero que no se rompiera”, para negociar con el Gobierno. Según el exconseller, una vez el Constitucional suspendió el 1-O, “cae inmediatamente la Sindicatura Electoral”, con lo que la consulta convocada por el Govern “muta claramente de referéndum a gran movilización política” que, ha precisado, “personalmente yo ya nunca más reconocí como referéndum”. Vila, que dimitió del Govern la víspera de la DUI y abandonó el PDeCAT en junio de 2018, ha insistido en contextualizar el referéndum del 1-O para evitar “un cierto error de anacronismo”. En ese sentido, el exconseller, que afronta una petición de siete años de cárcel por los delitos de desobediencia y malversación, ha recordado que la legislatura fruto de las elecciones de 2015 empezó con “una presión muy fuerte” para que el Govern “tomara iniciativas nítidamente unilaterales”. Esa situación, ha añadido Vila, desembocó en una “crisis de gobierno en verano de 2016”, en la que, ha recalcado Vila, el expresidente catalán Carles Puigdemont “tomó una decisión, algunos dijeron que una argucia, para desescalar la tensión y la presión para que se tomaran decisiones unilaterales en Cataluña”. “La argucia fue anunciar por sorpresa, para todo el mundo, incluso para buena parte del arco parlamentario, que el Gobierno iba a trabajar para que se convocara un referéndum”, ha detallado Santi Vila. Según el exconseller, el “eslogan de referéndum o referéndum” de Puigdemont quería “indicar” que desde ese momento el Govern “iba a intentar acordar algún tipo de consulta que permitiera expresarse a los más de esos dos millones de catalanes que consideran que el consenso constitucional está roto”. En opinión de Vila, “con una votación se podía actualizar o poner al día ese consenso constitucional” o que los ciudadanos pudieran “legítimamente defender su derecho a la independencia”. Por ese motivo, el exconseller cree que el referéndum responde a una “lógica gubernamental” con la que se intentaba “encauzar un movimiento ciudadano pacífico muy persistente”. 

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