El futuro judicial de Villarejo se complica por momentos. Ya no solo tiene que hacer frente a las 7 piezas del caso Tándem, sino que acumula querellas en los juzgados de Plaza Castilla. Curiosamente, el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid investiga hasta cinco querellas presentadas por antiguos compañeros suyos de profesión. Los delitos que le imputan no son menores. Le acusan de “falso testimonio”, de “falsedad documental” en declaraciones judiciales y de obstaculizar las investigaciones que, en el seno de Asuntos Internos, se produjeron contra el comisario ahora en prisión. Cuatro de estas querellas fueron presentadas por el excomisario Marcelino Martín Blas, y fueron interpuestas en 2014, 2016 y 2017. La última es la del inspector de Asuntos Internos José Luis Rodríguez, un agente de Asuntos Internos que carga contra el comisario y le acusa de mentir flagrantemente en sus declaraciones judiciales. No es el único policía que ha presentado una denuncia contra el comisario. Rubén López, el inspector de Asuntos Internos que destapó los tejemanejes del comisario –motivo por el cual fue apartado de su puesto­– se ha querellado contra la antigua cúpula policial por archivar en 2015 un informe de Asuntos Internos en el que se denunciaban los negocios privados y supuestamente ilícitos del entonces comisario. Fuentes policiales no descartan que el número de denuncias promovidas por agentes de policía se incrementen los próximos meses. “Según va a apareciendo documentación de Villarejo se va descubriendo que no solo extorsionaba a empresarios y políticos, sino que utilizaba su acceso privilegiado a la información policial para avisar a investigados y boicotear las propias diligencias policiales. Por ello, no será de extrañar que cuando comiencen desvelarse en qué casos Villarejo hizo esto, los investigadores se querellen. Son policías que se dejan la piel en su trabajo y ahora ven cómo han podido fracasar por fuego, en teoría, amigo”, comentan. Para estas mismas fuentes, las denuncias deberían servir ya no solo para juzgar a Villarejo por su grave conducta, sino para depurar responsabilidades políticas y policiales. “Villarejo actuó porque se le permitió actuar. Es imposible que un policía consiga tanta información durante tantísimos años impunemente y sin que nadie lo advierta. Una cosa es que los mandos no supieran o no quisieran ver el fin último al que iba destinada esa información, pero debían saber que estaba obteniendo un acceso a las fuentes policiales incomparable al de ningún otro policía en activo. Eso en el mejor de los casos”, detallan. Precisamente, todas las grabaciones a magistrados, fiscales, políticos y empresarios que Villarejo registró durante 25 años van a agravar todavía más la causa ya abierta en la Audiencia Nacional. La investigación prevé la apertura de decenas de nuevas piezas judiciales tras el análisis de 400 carpetas halladas en los discos duros del comisario. Fuentes de la investigación señalan el riesgo de colapsar los juzgados –motivo por el cual se ha declarado causa compleja–. “No saben quién puede estar implicado en los audios de Villarejo o en los cientos de documentos que atesora. Quizá sea uno de los casos con mayor carga de documentación que se ha instruido en la Audiencia”, comentan. Al margen de las graves denuncias de otros compañeros de profesión, el comisario está imputado en dos casos especialmente relevantes: el del pequeño Nicolás y el de la doctora Pinto. En el primer caso, está imputado Villarejo, su mujer y un periodista por grabar al CNI y a Asuntos Internos. En el segundo, como presunto responsable del apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto en abril de 2014, después de que la mujer reconociera al policía jubilado en una rueda de reconocimiento. Villarejo está siendo investigado actualmente por la presunta comisión de un total de 14 delitos: tres de cohecho, ocho de revelación de secretos, uno de falsedad documental, otro de organización criminal y un último delito de blanqueo de capitales. El pasado octubre, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó mantener en prisión provisional al comisario jubilado José Manuel Villarejo porque el riesgo de fuga no se ha reducido pese el tiempo transcurrido de instrucción de la denominada operación Tándem. Además, el juez considera que la pena de carácter grave que podría recaer sobre él en sentencia y que las líneas de investigación siguen abiertas, por lo que estas pesquisas deben ser aseguradas con la medida de prisión.

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